Durante una entrevista en el programa “Sexto Sentido” de Radio El Observador, Pagliotto sostuvo que la implementación del nuevo esquema podría configurar una “desobediencia judicial” y responsabilizó directamente a los funcionarios si se avanza con la entrega de los alimentos.
El abogado calificó la decisión oficial como un “alimenticidio” y expresó su preocupación por el impacto que, a su entender, podría tener sobre la salud de los estudiantes entrerrianos.
“Estos están forjando un ’alimenticidio’ porque están poniendo en riesgo la salud de miles de niños, niñas y adolescentes”, afirmó al cuestionar la decisión de avanzar con el nuevo sistema.
El cuestionamiento a los productos
Pagliotto aclaró que su planteo no está dirigido contra la empresa Teknofood ni contra el proceso de licitación, sino específicamente contra los alimentos que formarían parte de los desayunos y meriendas escolares.
En ese sentido, señaló que no tendría objeciones si la empresa fuera contratada para proporcionar alimentos considerados saludables.
“El problema no es quién ganó ni cómo ganó, sino lo que va a ofrecer en sus menúes”, sostuvo.
Según el abogado, los productos cuestionados estarían alcanzados por prohibiciones establecidas en normas nacionales y provinciales, además de circulares y resoluciones relacionadas con la alimentación escolar. Por ese motivo, considera que su distribución podría representar un riesgo para la salud de los alumnos.
La advertencia judicial
En este contexto, Pagliotto anticipó que, si el Gobierno provincial comienza a distribuir los alimentos cuestionados, evaluará presentar una denuncia penal contra Frigerio y Rodríguez Signes.
El planteo se suma a la controversia judicial que se viene desarrollando en torno al nuevo esquema de desayunos y meriendas implementado por la Provincia, que busca reemplazar el sistema descentralizado por un modelo de compras centralizadas.
La discusión continúa centrada en qué productos recibirán los estudiantes y bajo qué criterios nutricionales, mientras el Gobierno sostiene que la reforma apunta a mejorar la calidad, la homogeneidad y el control de la alimentación escolar.
